Durante el “Congreso Internacional de Experiencias en Restitución de Tierras y su Contribución a la paz” /Foto: Julián Hurtado
Por: Julián Hurtado
Parece ser que el asunto de la restitución de tierras se ha reducido a ¨Cumplir metas, negar derechos¨, tal como lo ha calificado la Comisión Colombianas de Juristas (CCJ) en su último informe sobre el estado actual de dicho proceso. De manera preliminar es pertinente decir que el gobierno saliente no entregó las cifras que se esperaban, y el gobierno entrante no tiene el compromiso de mejorar dichas cifras.
El problema no es menor, puesto que aun cuando la Unidad de Restitución de Tierras (URT) afirma que la gestión del gobierno saliente fue la más efectiva de los últimos tiempos, las cifras que se entregan son realmente pobres e incongruentes a la luz de la reparación integral. De acuerdo con el informe titulado ¨Balance- 8 años de la restitución de tierras: en riesgo de muerte¨, presentado por la Fundación Forjando Futuros, el Gobierno Nacional tenía como meta 282. 207 casos que restituir para el 31 de julio de 2018, de los cuales 6.389 casos fueron restituidos. Lo anterior quiere decir que el Gobierno saliente solo se cumplió con el 2.3% de la meta.
Por otro lado, en lo atinente a las solicitudes presentadas, las víctimas de despojo y abandono forzado presentaron 112.939 solicitudes de restitución de tierras ante el Gobierno, de las cuales la Unidad de Restitución de Tierras rechazó el 63%. Sólo se resolvieron en sentencias judiciales 6.389 casos. Si se analiza con detenimiento las razones por las cuales estas solicitudes no progresan, se concluye que gran parte de estas son no llegan a su fin por considerarse que hay desistimiento por parte de las víctimas; lo anterior constituye una violación a los derechos fundamentales de las víctimas, toda vez que la propia Corte Constitucional[1] en el año 2016, afirmó lo siguiente:
¨La Sala considera que, aceptar el desistimiento como una forma legítima para terminar el proceso de restitución de tierras incentivaría a los grupos ilegales a seguir presionando a las víctimas a renunciar al derecho de propiedad que tienen sobre sus predios y a los derechos a la verdad, justicia y reparación que se derivan del proceso de restitución
(…)
En particular, se protege el derecho a conocer la verdad sobre los hechos que dieron origen al despojo, lo que conlleva a que se puedan tomar medidas efectivas de no repetición de vulneración de derechos humanos. ¨ (Negrillas y cursivas fuera de texto)
Foto: Julián Hurtado
En conclusión, la Unidad de Restitución de Tierras, actualmente sigue incurriendo en el menoscabo de los derechos de las víctimas, puesto que sigue utilizando la figura del desistimiento para impedir que dichas solicitudes progresen, sin tener en cuenta el contexto del conflicto armado interno que aun persiste en los territorios.
Ahora bien, sobre el número de hectáreas restituidas tenemos las siguientes cifras: hectáreas restituidas - 237.679; predios rurales- 5.213; predios urbanos – 438; resguardos indígenas – 7; territorio colectivo afro- 1. En este punto es importante decir que es lamentable las cifras que se refieren a las hectáreas restituidas para comunidades indígenas y comunidades negras. Estas son comunidades que históricamente han sido golpeadas por el conflicto armado interno, por tanto, resulta totalmente inconcebible que tan solo 8 hectáreas de 237.679 se hayan restituido hasta el momento, tratándose de sujetos de especial protección por parte del Estado.
La política pública de restitución de los derechos territoriales étnicos, consagrada en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011 a favor de las comunidades indígenas y negras en Colombia, comprende la devolución de los territorios a estas comunidades en procura del respeto de sus usos y costumbres, siempre y cuando las afectaciones territoriales se hayan producido con ocasión del conflicto armado interno.
La pregunta es: ¿Se les está restituyendo su derecho a la tierra de manera efectiva a las comunidades negras? Según los anexos del Informe de gestión 2017 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas (UAEGRTD), en el período 2017 se presentaron 20 solicitudes de las cuales tan solo 6 han llegado a su etapa de finalización, 14 se encuentran en proceso aún. Tan solo este dato, deja ver la problemática a la cual están enfrentadas las comunidades negras para la restitución de sus derechos.
Los obstáculos a los cuales se enfrenta la restitución no son menores: en primer término, es una carrera contra el tiempo, toda vez que solo hasta 11 de octubre de 2018 se podrán hacer reclamaciones de predios despojados a través de la Unidad de Restitución de Tierras, en el marco de la ley de víctimas. Por otro lado, las complicaciones de restituir tierras por presencia de grupos armados ilegales, presencia de cultivos ilícitos, problemas legales con poseedores de buena fe.
Finalmente, el obstáculo más grande al que se enfrenta la restitución de tierras es la falta de compromiso con las victimas del gobierno Duque, pues así lo ha dejado ver su propio partido quien presentó proyecto de ley ante el Congreso para insertar una modificación al programa de restitución de tierras; dicha modificación busca que los terratenientes conserven su derecho a la propiedad de las tierras que adquirieron dentro del marco del conflicto armado. Todo lo anterior genera un entorpecimiento del proceso de restitución de tierras y constituye una violación al postulado de reparación y no repetición.
[1] Corte Constitucional. Sentencia T-244-16. MP Gloria Stella Ortiz.
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